Certificación de eficiencia energética de edificios existentes

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Seis meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a que las viviendas que sean puestas a la venta o en alquiler cuenten con una certificación energética, el balance no parece muy satisfactorio.

La certificación de eficiencia energética actualmente

En un primer momento, los principales problemas vinieron de la desinformación existente en torno a la nueva medida. A pesar de que el origen de esta ley era una normativa europea del año 2002, en nuestro país no se pusieron en marcha los cauces necesarios para desarrollarla hasta el año pasado, una vez que los plazos se habían agotado. Es cierto que en 2007 se hizo un intento de empezar a aplicarla exigiendo la certificación energética a las nuevas construcciones, pero la medida no se extendió al resto de viviendas. No fue hasta junio del año pasado cuando por fin se completó el desarrollo de la directiva europea, adaptándonos a lo que ya se estaba haciendo en el resto del continente –por ejemplo, en Francia los anuncios de venta o alquiler de viviendas incluyen la etiqueta de eficiencia energética desde el 2007-. Es decir, a pesar de que ha habido un plazo más que considerable para poner la directiva, finalmente ésta ha tenido que aprobarse tarde, con los plazos cumplidos y sin que previamente hubiese una campaña de información sobre los trámites que había que seguir o las edificaciones que estaban exentas de la revisión.

Pero la desinformación no ha sido el único problema. Una vez que han comenzado a realizarse las primeras revisiones, muchos propietarios se han dado cuenta de que la Comunidad Autónoma que les correspondía no había puesto en marcha el organismo correspondiente para registrarlo. Es decir, tenían la revisión hecha y el informe del profesional entregado, pero no podían registrarlo porque no había una oficina habilitada para ello. Aunque eso no implicaba una multa ni una sanción porque el problema no era responsabilidad del propietario, suponía un importante retraso de los trámites, ya que había que esperar para obtener la etiqueta de la certificación energética. Este problema se ha ido solucionando poco a poco, y en la actualidad todas las Comunidades Autónomas cuentan con el registro correspondiente. Eso sí, no todas realizan el trámite con la misma rapidez ni cobran lo mismo por el registro: mientras en algunas se ha decidido que sea gratuito, otras han decidido cobrar entre veinticinco y treinta euros por llevarlo a cabo.

Una vez que se han superado muchos de los problemas iniciales de desinformación y falta de un organismo autonómico que se encargase de los trámites, las certificaciones han comenzado a realizarse con más normalidad. Trascurridos varios meses desde que se puso en marcha la normativa, se empiezan a tener los primeros datos sobre la eficiencia energética de los edificios existentes en nuestro país, y lo cierto es que los resultados no son nada positivos. El 85% de la viviendas revisadas hasta ahora no superan la calificación media –lo que en la etiqueta serían las letras D y E-, y más de la mitad se quedan en los puestos más bajos de la escala –las letras F y G-. Solo quince de cada cien viviendas analizadas alcanza los puestos altos de la tabla –las letras A y B-. Estos resultados tan pobres indican que los edificios existentes en nuestro país son muy poco eficientes energéticamente, lo que supone un importante derroche de energía y una considerable degradación del medio. Aunque todavía quedan muchas viviendas por revisar, no parece probable que los resultados vayan a mejorar mucho, sino más bien lo contrario. En nuestro país no ha existido una cultura de la eficiencia energética hasta fechas muy recientes y las administraciones públicas no han puesto en marcha medidas para fomentarla. Si a eso le unimos la burbuja inmobiliaria de hace unos años –cuando lo que importaba era construir pisos lo más rápido posible, sin importar cómo se hiciese-, es comprensible que ahora cueste poner en marcha toda una cultura del ahorro y la eficiencia energética.

Sin embargo, quizá los resultados que están arrojando las revisiones para el certificado conciencien a los poderes públicos de la necesidad de fomentar medidas en este sentido. Esperemos que así sea.

By | 2017-04-04T13:55:14+00:00 febrero 25th, 2014|Notícias|1 Comment

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